Durante el Antiguo Régimen, la lucha contra el contrabando fue una preocupación central para las autoridades de la Monarquía, especialmente a partir de las primeras décadas del siglo XVII. Se crearon judicaturas específicas para controlar estas actividades ilícitas, pero la aplicación laxa de las disposiciones y la ineficacia de los mecanismos de control permitieron que el contrabando se intensificara. Al final del reinado de Carlos II y en la primera década del siglo XVIII, se implementaron medidas para erradicar este problema, que se había convertido en una realidad estructural. Entre 1717 y 1722, la política aduanera experimentó cambios significativos con el traslado de las aduanas a la costa. Durante la Guerra de Sucesión, el contrabando se vio fuertemente influenciado por la coyuntura bélica. En 1701, se abandonó la política de arrendamientos de la Renta del Tabaco, y la administración asumió su control directo. En 1708, se dictaron órdenes que permitieron a los ministros real