Durante el Antiguo Régimen, la lucha contra el contrabando fue una preocupación central para las autoridades de la Monarquía, especialmente a partir de las primeras décadas del siglo XVII.
Se crearon judicaturas específicas para controlar estas actividades ilícitas, pero la aplicación laxa de las disposiciones y la ineficacia de los mecanismos de control permitieron que el contrabando se intensificara.
Al final del reinado de Carlos II y en la primera década del siglo XVIII, se implementaron medidas para erradicar este problema, que se había convertido en una realidad estructural. Entre 1717 y 1722, la política aduanera experimentó cambios significativos con el traslado de las aduanas a la costa.
Durante la Guerra de Sucesión, el contrabando se vio fuertemente influenciado por la coyuntura bélica. En 1701, se abandonó la política de arrendamientos de la Renta del Tabaco, y la administración asumió su control directo. En 1708, se dictaron órdenes que permitieron a los ministros reales portar armas de fuego para garantizar una mayor seguridad. Sin embargo, estos cambios generaron enfrentamientos entre las autoridades del rey y las comunidades locales.
Bajo el reinado de Felipe V, se introdujeron nuevas figuras en la administración de la Real Hacienda, como los superintendentes de la Real Renta. Durante este periodo, las actividades de las cuadrillas de contrabandistas de tabaco en los puertos de Bilbao y San Sebastián se intensificaron. Los contrabandistas provenían de diversas regiones de la península, y los guardas desempeñaban un papel crucial en la inspección y embargo de las cargas, actuando tanto en los puertos como en los puntos de paso interiores.
Los guardas, subordinados a diversas autoridades como jueces de contrabando, corregidores y gobernadores de aduanas, realizaban mayormente su trabajo nocturno, enfrentándose a menudo a situaciones violentas y a la tentación de sobornos. En 1711, se reportaron numerosos casos de introducciones fraudulentas en Guipúzcoa, y los guardas a menudo se infiltraban como espías entre los arrieros de tabaco.
Las instituciones locales jugaron un papel crucial en la controversia del contrabando. Los alcaldes ordinarios, con competencias desde la Edad Media para supervisar los tránsitos comerciales, se vieron frecuentemente implicados en estas actividades ilícitas. Los conflictos generados por el contrabando, caracterizados por la violencia y el desorden, reflejan la complejidad del problema. Los involucrados en estas prácticas recurrieron a diversos argumentos y estrategias para obstaculizar la labor de los guardas, incluyendo litigios de competencias y protestas contra la Real Renta.